Infraestructura pública: Avances para reformar ley
Con el objetivo de incorporar mejores prácticas internacionales y los avances tecnológicos para la planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión y seguimiento de obras públicas, la Cámara de Diputados de México aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El dictamen se aprobó por 452 votos en lo general y 442 en lo particular. Fue enviado al Senado. Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 10 Bis, 24, 31, 32, 36, 39, 50, 53, 66, 74 Bis, y los Transitorios II, III, IV, V y VI, explica una fuente oficial.
Según el comunicado de la Cámara de Diputados que fue difundido el 8 de abril de 2021, se "... adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley. Cita que para licitar, adjudicar y contratar, las dependencias y entidades deberán contar con permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios".
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"Agrega que las personas físicas y morales interesadas en participar en los procedimientos de contratación a que se refiere esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Contratistas y, cuando así se requiera, en el registro de cada dependencia o entidad; la información proporcionada se deberá mantener actualizada conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría y dependencia o entidad" añade el documento.
De acuerdo con la Cámara se "... establece que en el sistema integral existirán secciones o subsistemas por dependencia o entidad, a fin de clasificar especialidad, experiencia, cumplimento de contrato y capacidad de los contratistas para la ejecución de las obras o servicios. Menciona que la Auditoría Superior de la Federación podrá verificar la calidad de los trabajos en los términos que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad".
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Para la diputada Paola Tenorio Adame (Morena), esto "... es una oportunidad inmejorable de cambiar sustancialmente la calidad de la infraestructura nacional y evitar desastres en proyectos como el Tren México-Toluca que, según el informe individual resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se comenzó a construir sin tener garantizada la posesión de los terrenos".
